Por Milton Picón Díaz
Como señalábamos en el artículo de ayer, posiblemente la mejor manera de considerar armonizar las posiciones extremas en relación al álgido asunto entre la separación de iglesia y estado es buscar un punto medio en el que el Estado considerara trabajar conceptos de libertad y neutralidad en su trato con la Iglesia. Hay un autor de nombre Stephen V. Monsma que ha escrito sobre este tema levantando una posición intermedia a la que llama “Positive Neutrality” ( Neutralidad Positiva ).
La idea comienza asumiendo que tanto las estructuras religiosas como gubernamentales poseen un grado de soberanía sobre sus respectivos dominios. Cada cual posee ciertos derechos y responsabilidades, las cuales deben descargar sin interferencia del uno con el otro. Alguien dijo una vez que la soberanía del estado y la de la iglesia corren paralelamente una al lado de la otra, a la misma vez que se limitaban mutuamente. De acuerdo a Monsma, los grupos religiosos tienen el derecho de desarrollar y enseñar sus creencias principales, moldear las actitudes y comportamientos de sus feligreses, proveer una gama de servicios a miembros y no miembros y a participar de los procesos públicos que generan cambios en la nación. Tiene la iglesia la responsabilidad de enseñarle a sus miembros el sujetarse a las autoridades establecidas y a obedecer sus leyes. Tiene también la responsabilidad de desarrollar en sus miembros virtudes cívicas que impacten la vida pública, sin interferir con los asuntos con los que el gobierno debe de cumplir. Esto no significa bajo ninguna circunstancia que los grupos religiosos no tengan el derecho de criticar al estado o políticas injustas de este y hasta promover la desobediencia civil, lo que significa es que la iglesia no trabajará para remover la legitimidad de un gobierno democrático.
De acuerdo a los postulados de la “neutralidad positiva”, el estado también tiene derechos y responsabilidades. El gobierno tiene la responsabilidad de coordinar, proteger, animar y empoderar las diferentes esferas de influencia de la sociedad (incluyendo la religiosa) con el fin de promover la justicia, el interés público, el bienestar común y otras metas similares. El estado no puede invadir o violentar la soberanía de las otras esferas, a no ser que en tiempos apropiados brinde o facilite ayuda, en forma neutral, a todas las organizaciones de la sociedad civil.
El impacto inmediato de moverse a un sistema de neutralidad positiva se reflejaría al menos en tres áreas. Primero, el sistema político tendría que tolerar y acomodar ( no endosar ) una amplia gama de prácticas religiosas. Segundo, tendría que reconocer que los grupos religiosos tienen el derecho de influenciar las políticas públicas. Y finalmente, en vez de trabajar solamente a través de programas y grupos seculares, el gobierno podría proveerle también recursos a los grupos o comunidades de fe que prestan servicios a la comunidad. Lo anterior será constitucionalmente permisible en la medida en que el Supremo Federal vaya abandonando la doctrina que estableció en el caso de Lemon v Kurtzman. Pero en los últimos tiempos esta doctrina está siendo severamente criticada por crear una prueba casi inútil y discriminatoria contra la religión y favoreciendo totalmente el secularismo. No ha sido neutral.
La neutralidad positiva insiste en que las ideas religiosas nunca deberían ser empujadas a esconderse tras las seculares para poder ser escuchadas. Un gobierno no puede decir que es neutral cuando endosa las ideas seculares y suprime las religiosas. Está por verse si tanto el pueblo americano, como el puertorriqueño están listos para una verdadera libertad religiosa que le de la bienvenida a una participación plena en la esfera pública de todas las filosofías y credos.